El silencio del Gobierno Nacional, y particularmente del ministro de Salud, es inaceptable en medio de la pandemia por el COVID-19 y el inicio del programa de vacunación.

El presidente Lenín Moreno no debe contemplar o fomentar este silencio, que lleva a confusión y a empeorar la situación delicada que se vive. 

El ministro de Salud y sus asesores están muy equivocados si piensan que ellos pueden decidir cuándo hablan y cuándo callan. En sus manos está la emergencia, la vida y la economía de los ecuatorianos. Deberían ser enjuiciados política, administrativa y penalmente por esta arbitraria posición.

Para el colmo de males, ni los funcionarios locales están autorizados a  hablar con los ciudadanos y la prensa y contar lo que ven. Para hablar, les han ordenado que primero pidan autorización a Quito. Y desde luego, esa autorización nunca llega porque desde Quito algo ocultan o porque menosprecian a los funcionarios locales, quienes a su vez callan por temor a perder su puesto de trabajo o contrariar a sus jefes.

Se hace un llamado para que estos funcionarios locales hablen y cuenten lo que está pasando dentro de las ahora herméticas paredes del ministerio de Salud. Se exige que la Defensoría del Pueblo garantice que hablar no puede generar represalias, más cuando se trata de hechos relacionados con recursos públicos y el bienestar colectivo de la sociedad.

La ciudadanía es culpable de tener malos gobiernos y más culpable aún de no exigir que, por lo menos, se diga la verdad sobre la emergencia sanitaria y la vacunación.