El abandono es tal que ni siquiera hay respuesta de qué ocurrió con el dinero de los seguros, si fue absorbido por el Estado, como pasó con el del edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, o si permanece a la espera de ser utilizado.

En el caso de los inmuebles que no estaban asegurados, no hubo un juicio político o un sumario administrativo contra los funcionarios que no contrataron las pólizas, pese a que se trata de un trámite obligatorio.

Es lamentable que la representación manabita no haya iniciado un proceso de fiscalización para aclarar dudas como estas ni para exigir que el Gobierno cumpliera las promesas de reconstruir a la provincia.

Causa desazón, también, que una entidad como la Gobernación de Manabí no tenga un inventario consolidado de lo que está pendiente, y que no haya liderado la gestión para recuperar esos bienes, que en su mayoría son de entidades del Gobierno Central.

Si bien es cierto, gran parte de la responsabilidad en el abandono la tiene el Gobierno, también es verdad que, casa adentro, ha existido descuido y desinterés por la reconstrucción de los edificios públicos.