Este tipo de decisiones no es reciente, pues desde la vigencia de la mencionada ley se ha suspendido publicidad que, a criterio de los funcionarios, contraviene las disposiciones legales. Se ha aplicado en los dos gobiernos recientes y seguirá ocurriendo mientras no haya una reforma a la normativa.

Es paradójico que la suspensión se aplique a piezas publicitarias que ya fueron aprobadas por el mismo organismo, como ocurre en este caso, en que una delegación provincial dispuso que se deje de publicar parte de la propaganda del Movimiento Centro Democrático. Eso revela que no hay unidad de criterios en el proceso de aprobación.

Independientemente de quién se trate, la censura debe ser rechazada, más cuando se trata de publicidad financiada con dinero público.

Es necesario que la Asamblea Nacional analice el real alcance de este tipo de medidas y que se proponga una reforma al Código de la Democracia.