Si bien las leyes determinan la igualdad de todas las personas, la realidad es que las cárceles comunes representan un peligro para determinados personajes.

Un exvicepresidente como Jorge Glas, detenido en la cárcel de Latacunga, puede estar en riesgo. Lo mismo podría ocurrir con otros exfuncionarios que hayan aprobado medidas calificadas de impopulares o, más, que afectaran a grupos delictivos.

Es tanta la inseguridad de las cárceles que, a pesar de la vigencia de estados de excepción en los dos últimos años, se cometen crímenes, algunos de ellos con características de atrocidad. 

Otro sería el cantar si las cárceles prestaran adecuadas condiciones de seguridad y trato.

La justicia debe tener en cuenta que, a más de la lícita disposición de que las personas paguen sus culpas, es necesario garantizar la integridad y la vida de los detenidos.

En los últimos meses, se han dictado medidas cautelares para personajes de la política y empresarios. Hay, por ejemplo, dos expresidentes con órdenes de prisión y otro con medidas cautelares. El organismo encargado del sistema de rehabilitación social debe tener, entonces, el criterio para que a estos personajes, de darse el caso, se los envíe a cárceles especiales, donde prevalezca el cuidado de su integridad física.