La atención debe retomarse sin dilaciones porque se trata de un grupo vulnerable de la población que necesita asistencia prioritaria del Estado, lo cual se da una vez que el organismo público competente certifica la condición de discapacidad del individuo.

No es justo que se les haya suspendido el derecho a contar con un documento que los reconozca y, con ello, se les haya complicado el acceso a los beneficios que les otorgan las leyes.

Tampoco es justo que se haya puesto más complejidad a los trámites para evitar irregularidades como las detectadas.