El Gobierno central trasladó competencias sin asignar recursos”

Con menos recursos debido a las restricciones económicas derivada de la pandemia, los municipios deben priorizar la inversión y el servicio a los ciudadanos.La compleja realidad de las finanzas públicas lleva, necesariamente, a optimizar los frentes de atención a la ciudadanía y debe llevar, también, a una reorganización del trabajo. Un municipio como el de Portoviejo, que recibe 800 mil dólares menos cada mes, o el de Manta, que tiene una reducción de 300 mil dólares en sus alícuotas, tiene que analizar con detenimiento su plan de acción y repensar la sus inversiones.El Ministerio de Finanzas debe explicar los criterios con los que se da esa reducción, que debería ser proporcional para todos.

Lo importante es que estas instituciones mantengan la línea de servicio y no se conviertan en el soporte económico de gastos inflados.

Por otra parte, es necesario que el Gobierno compense a los municipios el gasto que se trasladó a ellos tras la finalización del estado de excepción. Gran parte del control que antes se ejercía a través de la fuerza pública está en los GAD. De otra forma, tendrán que echar mano de los reducidos recursos que reciben para enfrentar una competencia que el Gobierno central trasladó sin destinar los fondos para ello, con lo que se reducen más las posibilidades de inversión en obras y servicios.