Desde esta columna se ha dicho que no está bien que con el dinero público se financie a los partidos políticos, peor frente a casos de corrupción y la necesidad de fondos. También se ha señalado que el Código de la Democracia requiere más reformas porque afecta a la libertad de expresión, confiere al CNE el derecho a vetar publicidad, restringe la contratación de publicidad porque solo el organismo electoral puede hacerlo. 

Así, se ha pasado del extremo de que una gran cuenta puede poner un presidente, al otro, al de estatizar la campaña y dar a los gobiernos la responsabilidad de pagar la promoción de candidaturas. 

Los cambios hechos en diciembre al Códi­go de la Democracia fueron importantes, sí, pero en ellos se omitieron temas tan trascendentales como la libertad de expre­sión y el financiamiento de la campaña. Si hay que reclamar a alguien por ello, debe ser a los asambleístas.