La entrega de carnés de disca­pacidad a asambleístas, altos funcionarios públicos y jueces debe ser investigada al detalle, a fin de determinar posibles actuaciones irregulares y, de ser el caso, sancionar con firmeza a los responsables.

Se hace especial mención a estos grupos porque son los llamados a defender la institucionalidad del país y, si han aplica­do métodos irregulares para hacerse de beneficios que no les corresponden, lo que menos deberían hacer sería hacerse un lado para dejar que la justicia cumpla su tarea.