Como todos conocemos, existen escándalos por los precios exorbitantes en determinados procesos de compras realizados por hospitales públicos, el caso en el Hospital Los Ceibos de Guayaquil, en el Hospital de la Policía y el caso mascarillas del IESS son prueba de aquello.

Lastimosamente, los seres humanos actuamos generalmente en consecuencia del castigo o la represión que podamos recibir por nuestro accionar, y con la experiencia reciente de una emergencia sufrida como la del terremoto del 2016, en la que millones de dólares destinados a cubrir el desastre sufrido se esfumaron, y las investigaciones terminaron en meros informes de Contraloría, es un antecedente que motiva a funcionarios de altos cargos a pensar que los actos de corrupción quedarán impunes, con una razón lógica aunque alejada de la ética y la conciencia social.

En la actualidad podemos decir que nos encontramos en un ambiente político diferente al del 2016, gozando ahora de un poco más de independencia institucional y libertad de expresión, lo cual mantiene mucho más activa e involucrada a la ciudadanía. En consecuencia, a pesar de que puedan existir casos de presunción de corrupción muy evidente como el caso de las bolsas de cadáveres, no todos los casos pueden ser encasillados como tal. 

Debemos entender que dada la situación excepcional que estamos viviendo, los insumos sanitarios que necesitamos para protegernos del COVID-19 han aumentado su demanda, por ende, su precio obviamente aumentará y más aún en las zonas más afectadas. 

A pesar de tener un pensamiento de libre mercado y oponerme a la existencia de una ley como la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que el Estado no haya actuado con celeridad realizando los estudios y las investigaciones pertinentes para prevenir de cierta manera el alza de precios y así poder controlar el mercado sanitario y médico, abre la brecha al debate para que los valores actuales no se puedan considerar a simple vista y sin un análisis previo como actos de corrupción por parte de las empresas ofertantes y las instituciones contratantes.