Lógica reacción. El cometimiento de delitos, como el tráfico de influencias o mal uso de anticipos, no puede ser causal para decretar la defunción de tan grande aspiración de esa población, que vería la decisión como un aborto provocado por el mismo organismo encargado de defender la vida.

Irregularidades, violaciones o ilegalidades en el cumplimiento del contrato no son de responsabilidad del pueblo de Pedernales ni de Manabí, sino del mismo gobierno, que debió establecer vigilia legal pertinente, lo que ha fallado desde el principio.

Ha sido la misma colectividad la que ha denunciado las mañoserías existentes. Y esas alertas positivas tendrían retorno negativo de cumplirse lo que dijo el ministro Zevallos, quien posteriormente corrigiera su pronunciamiento indicando que levantarían un hospital móvil hasta que se construya el definitivo.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, da por segura la culminación unilateral del contrato para convocar de inmediato a otro concurso, el tercero en menos de un año. Pero, a pesar de que oficialmente los dos ministros afirmaron que la obra será continuada, no coinciden en todo. Martínez no habló del hospital móvil provisional.

Entonces hay que estar vigilantes. Este Gobierno ha entrado en conteo final. Sus días se están mermando, por lo que hay que evitar sorpresas como las que nos hemos acostumbrado. Nuestro pueblo no debe soportar que se lesione una vez más sus intereses. La posición hidalga es lograr que la extensa zona de Pedernales cuente, en el menor tiempo posible, con su hospital definitivo. Ya no hay tiempo para jugar con la paciencia de los manabitas, ni en estos debe caber en su conciencia una burla más.

Es que en cuestión salud hay que parar el irrespeto a la región 4 y especialmente a Manabí. El paso fugaz de tres coordinadores en plena emergencia no solamente acrecienta el peligro; es una indolencia contra nuestra provincia y contra Santo Domingo de los Tsáchilas.

Y a propósito del nuevo coordinador, sus primeras declaraciones son de tinte combativo y fiscalizador, como todos lo hacen, lo que está bien. Sin embargo, lo que la comunidad espera es equipamiento, que se recupere la capacidad de atención y prestaciones médicas. Es decir, menos amenazas y más ejecutividad.