Casos como los sobreprecios en la compra de mascarillas y fundas para cadáveres en hospitales públicos, las ilícitas transferencias en la Empresa de Agua de Quito y la contratación del hospital de Pedernales deben motivar a la Contraloría y la Procuraduría, así como a las autoridades de las instituciones involucradas en esos procesos, a afinar los mecanismos y trabajar en los detalles.

Todos estos casos pudieron evitarse.

El combate contra los actos ilícitos en la administración pública debe empezar con acciones preventivas. Hay que advertirlos, pararlos y evitarlos. Esto se logra si se revisan los procesos con ojo crítico y con elementos precisos. Por muy urgente que sea la contratación, siempre debe existir tiempo para hacer observaciones.

De otra forma, la corrupción mantendrá su terreno, e incluso ganará espacio, favorecida por la falta de control suficiente, y cuando se repare en ello será muy tarde pues, como ha ocurrido antes, ya los responsables se habrán escondido.