Y, aunque es repetitiva, termina siendo muy cierta. En un país en el que el 60 por ciento de las personas que trabaja no recibe un sueldo básico o no labora las horas reglamentarias, la restricción que se impuso para evitar el contagio del coronavirus terminó afectando a los desempleados y subempleados, que son la mayoría de ciudadanos.

Las ayudas que tanto se anuncian desde el Gobierno no llegan a todos porque no existe un registro adecuado de las familias afectadas. No hay un censo y el registro social peca de injusto. En muchos casos, las reciben quienes no deberían, y las personas que sí pasan necesidades ni siquiera tienen una ración alimenticia.

Muchos ya no soportan el confinamiento porque no pueden salir a producir. La falta de dinero impide comprar, por lo menos, los alimentos y, si la plata no circula, no habrá para nadie.