Así lo anunció este viernes el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, en una rueda de prensa en la que explicó que las conversaciones entre las partes estaban "terminadas" por la intransigencia de la empresa siguiendo una postura en la que se ha atrincherado desde diciembre y que el Estado no puede "tolerar".

Salvador explicó que la constructora quería imponer la suma de compensación sin calcular el daño real causado por sus sobornos y, lo peor de todo, bajo la condición de "lo tomas o lo dejas", amenazando con anular su cooperación eficaz para destapar el entramado de corrupción que se extendió por Ecuador y del que solo se ha descubierto una muy pequeña parte.

"Ahora podemos ver que las intenciones de la compañía no eran conversar de buena fe y llegar a un acuerdo con el Estado ecuatoriano. Era simplemente imponer un monto arbitrario de una indemnización, que probablemente no resarciría de todos los daños causados", afirmó el procurador.

La institución defensora de los intereses del Estado ya había informado el jueves de la suspensión del diálogo tras considerar que Odebrecht pretendía una reparación arbitraria, pero la gota que colmó el vaso ha sido el condicionamiento de "lo tomas o lo dejas".

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.

Y en el caso de Ecuador, que entre 2007 y 2016 la constructora brasileña pagó sobornos por más de 35,5 millones de dólares a "funcionarios del Gobierno", lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.

Pero a pesar de ello, las partes entraron en negociaciones para obtener la cooperación eficaz de la firma brasileña y desarmar el andamiaje de corrupción que había tenido en el país, además de obtener la reparación económica de los daños causados al Estado como consecuencia de los sobornos.

Salvador explicó que la compañía brasileña, en una carta enviada en diciembre pasado, exigía la devolución de unos 115 millones de dólares retenidos por el Estado, para de allí pagar las deudas que tiene con la Hacienda pública, proveedores y otros acreedores, entre ellos, los abogados del proceso de "cooperación eficaz".

Lo que quedara de esa suma, que Salvador valoró entre 50 y 70 millones de dólares, debía ser la reparación al Ecuador, sin hacer realmente cálculos de la afectación.

"No existía un valoración objetiva del daño, simplemente era un monto impuesto. Si es que estas condiciones no se cumplían, Odebrecht sostenía que podría suspender la cooperación eficaz", abundó el procurador.

"Esta es una coacción, una coerción, que el Estado ecuatoriano no está dispuesto a tolerar, y esa es la razón fundamental por la que se ha decidido dar por terminadas las conversaciones", zanjó.

Otras de las condiciones que Ecuador no ha querido aceptar es la de que, con el acuerdo de resarcimiento y cooperación, el Estado se debía comprometer a contratar de nuevo los servicios de la constructora.

"Eso es un imposible desde el punto de vista de la confianza que el Estado pueda tener en una empresa que probó ser inconfiable", matizó el defensor del Estado al argumentar sus razones.

Una decisión que, a partir de ahora, obliga a Odebrecht a afrontar todos los procesos que tiene abiertos en el país andino -sean administrativos o judiciales- por los canales regulares, incluidos los casos de sobornos.

Ecuador también avanzará en los procesos legales a su disposición para obtener la indemnización requerida, que aún no ha sido calculada por la falta de información que se esperaba recabar del proceso de cooperación eficaz. EFE