Debería seguir en esa misma línea y, de acuerdo con cada caso, cerrar o vender empresas deficitarias cuyos servicios, de acuerdo con la ley, puedan delegarse al sector privado.

El rol del Estado no debe ser la competencia con la empresa privada; por el contrario, debe fortalecer la prestación de los servicios para que sean eficientes y continuos. Podría justificarse si esas instituciones se convirtieran en generadoras de recursos para sostener la gestión pública y los servicios ciudadanos.

Cuando las empresas públicas dejan de ser productivas, se convierten en un lastre para las finanzas públicas y, en tiempos de crisis como el que atraviesa el país, merman los escasos recursos disponibles.

Los compromisos políticos, la excesiva burocracia y la falta de control convierten al Estado en un mal administrador de servicios. La prueba está en que empresas monopólicas que prestan servicios esenciales resultan improductivas y deficitarias. Ya es hora de deshacerse de ellas para mejorar el manejo estatal.