La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado, indicó que la asesoría requerida se sitúa sobre los capítulos de inversiones en salud pública, el comercio y la protección al consumidor, entre otros.

El canciller ecuatoriano, José Valencia, ha pedido directamente al secretario general de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi, la "urgente asistencia técnica" de la organización, con el objetivo de "ayudar a mitigar los graves impactos económicos de la pandemia del COVID-19 y recobrar así la estabilidad nacional".

Añadió que son cuatro los principales campos de asistencia solicitada a la Organización y que se basan en "Inversión y salud pública", la "Facilitación de negocios", la "Competencia y protección al consumidor" y la "Facilitación comercial".

Según la Cancillería, el requerimiento de asistencia a la UNCTAD se fija en la "gama de productos ofrecidos por esta organización en la lucha mundial contra la pandemia" y que incluye la elaboración de políticas, de reglamentos y marcos de regulación institucional, así como la movilización de recursos.

Para Valencia, "la crisis sanitaria, económica y social está causando enormes perjuicios a la totalidad de los sectores sociales y económicos" del país.

Esa situación, prosiguió, "ha llevado al Gobierno a afrontar situaciones muy complicadas en todos los ámbitos, desde el sanitario hasta el esfuerzo por mantener funcionando al país, a pesar de la acumulación de acontecimientos negativos" que se han conjugado en esta coyuntura.

Además, el jefe de la diplomacia ecuatoriana remarcó que los efectos económicos de la crisis "son especialmente nocivos para los países en desarrollo", como Ecuador, cuyas finanzas se sustentan en gran medida en la venta del petróleo.

Valencia admitió la dependencia que tiene Ecuador en las exportaciones petroleras, que es la actividad que apuntala el ingreso de divisas para una economía que está completamente dolarizada desde el año 2000.

Para contener los efectos económicos de la pandemia en Ecuador, su Gobierno ha decidido recurrir a un conjunto de medidas que incluyen un recorte en el gasto público de 4.000 millones de dólares, así como la liberalización del precio de los combustibles y la eliminación de varias entidades del Estado, entre otras.

Asimismo, las regulaciones en el campo de la contratación laboral ha levantado duras críticas de amplios sectores sociales que no descartan la posibilidad de convocar a medidas de hecho frente a las políticas gubernamentales, a las que califican como "antipopulares". EFE