Convocada por centrales sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOUT), y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), el plantón tuvo lugar frente a la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento), que el pasado viernes avaló la mencionada legislación.

La Policía ecuatoriana mantenía acordonada las inmediaciones de la sede parlamentaria desde primera hora de la mañana, pero permitió a los concentrados recorrer varias calles aledañas y llegar hasta el edificio del Banco Central de Ecuador, antes de la entrada en vigor del toque de queda que se inicia a las 14:00 de la tarde.

Con el plantón, los dirigentes sindicales quisieron expresar su rechazo a la Ley Humanitaria y otra de Finanzas respaldadas por la Cámara, que según los manifestantes, socavará entre otros sectores, el sanitario, el de la educación y a las clases más desfavorecidas.

"La Ley Humanitaria nos esclaviza", "salud y educación son un derecho", o "sin temor, sin pactar, protestar hasta ganar", eran algunos de los eslóganes coreados por los participantes, que iban protegidos con mascarillas y portaban banderas de los colectivos y organizaciones que secundaron la movilización.

Entre los concentrados también figuraban colectivos de mujeres, indígenas, del sector de la educación y empresas de seguridad.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue uno de los principales blancos de las críticas, así como el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, al que los manifestantes pidieron su dimisión y gritaban: "Martínez, escucha, el pueblo está en la lucha".

Al aprobar la denominada Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, aseguró que se ha tenido en cuenta "las medidas que apoyan a familias ecuatorianas en la crisis sanitaria y económica que vivimos".

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, había pedido el jueves a la Asamblea que eliminara del borrador de la Ley todo lo relacionado con las contribuciones de ciudadanos y empresas, uno de los aspectos más polémicos y finalmente sustraído de la legislación aprobada.

La norma establece la reducción de un 10 % de la tarifa eléctrica durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, para los quintiles 1 y 2 de pobreza, y la disminución adicional del costo de la luz para los sectores productivos.

Tampoco se incrementará el precio de los servicios básicos ni podrán suspenderse estos durante la emergencia, aunque los pagos por ellos podrán ser refinanciados, en virtud de la legislación.

El proyecto incluyó además que, durante el tiempo de vigencia del estado de excepción, y hasta 60 días después de su finalización, no se podrán ejecutar desahucios a inquilinos de bienes inmuebles.

La Corte Constitucional ecuatoriana dejó recientemente en suspenso un recorte previsto del pago de nómina de las universidades públicas.

Sin embargo, estudiantes y docentes se manifestaron hoy para defender la educación estatal, que consideran mermada por los constantes ajustes, como el que enfrentaron a principios de año algunas de las 33 universidades públicas para hacer frente a una millonaria deuda con el Estado. EFE