La liquidez es la capacidad de los activos financieros de una empresa para convertirse en dinero en efectivo, y de esta manera, poder hacer frente a los pagos más inmediatos, de corto plazo, mientras que la solvencia es la capacidad para atender los compromisos de pago a largo plazo a través del total de  activos, entiéndase de su efectivo, cuentas corrientes, bienes inmuebles, maquinaria, etc. 

En la actual coyuntura, las empresas al no poder producir o al producir al 50% de su capacidad presentan serios problemas de liquidez,  producto de menores ingresos por ventas. 

Las empresas son bien capitalizadas, con patrimonios fuertes y los problemas actuales son de liquidez. Las empresas podrían recurrir al sistema financiero en búsqueda de créditos basados en su solvencia; sin embargo, es inaceptable por ejemplo que los escasos recursos que se consigan sirvan para cubrir más impuestos para el gobierno en vez de servir para pagar nómina de salarios por ejemplo, por eso son medidas incoherentes ajenas a la realidad que el sector productivo está viviendo.

En las empresas ya estamos pagando una contribución por la ley que se aprobó el año pasado de Simplificación de la Ley Tributaria lo que le cuesta al sector productivo $190 millones por año, aparte de todos los impuestos que se cobran, por concepto de impuesto a la renta, IVA, aportes a la seguridad social, etc.

En el caso del atún la principal afectación es a la productividad de las plantas. A pesar de que el sector pesquero, al ser un sector exportador y productor de alimentos se encuentra autorizado a operar durante el estado de excepción, hay severos impactos en la productividad provocado por el incremento del ausentismo por la crisis sanitaria. En términos generales, los sitios de procesamiento de atún reportaron estar trabajando a un 40-50% de su capacidad durante el mes de abril, por el gran ausentismo de los trabajadores, así como por afectaciones a la cadena logística y de suministro. Durante mayo el reporte muestra una afectación menor en alrededor del 30% de la capacidad, siendo un reflejo importante de las gestiones que están haciendo los trabajadores y las fábricas en reactivar responsablemente la producción del sector, implementando estrictos protocolos de bioseguridad.

El atún se vende procesado en conserva por lo que es más duradero y por el momento tiene mejor respuesta en el mercado retail durante esta crisis. No obstante, las medidas de aislamiento social del COVID-19 por parte de muchos países han llevado al cierre temporal de muchas empresas de alimentos, en hoteles y restaurantes en todo el mundo. Además, muchas empresas que abastecen al sector de servicios de alimentos se quedaron con inventarios de atún en conserva lo que los ha llevado a posponer cualquier envío bajo sus contratos. Todo esto ha debilitado la necesidad de materia prima de atún, llevando a una caída drástica del precio materia prima, de niveles de USD 1500 por tonelada en febrero a niveles de USD 1100 en abril, esto afecta la operación de la flota nacional dado que con esos precios no se cubren los costos de operación.

El abastecimiento local ha sido priorizado por las empresas, atendiendo un incremento de la demanda local en las primeras semanas del aislamiento de un 20%, motivados por el incremento del aprovisionamiento de alimentos en los hogares. Los inventarios de producto terminado fueron priorizados para atender este incremento. Esperemos que el atún se siga consumiendo porque es parte de la canasta básica.

En lo que va de mayo la dinámica de ventas se ha desacelerado en algunas empresas para nuevos pe­didos, las producciones que se fabrican son pedi­dos de contratos anteriores y en el caso de las conser­vas con destino HORECA, no hay pedidos e incluso se han anulado algunas órde­nes. No obstante, en otras los pedidos de mercado retail se mantienen. El pa­norama es incierto. Las medidas de aislamiento a nivel global de forma inde­finida no serán sostenibles, el mundo buscará cómo re­activarse adaptándose a la nueva normalidad. 

Nuestra principal preocu­pación, como empresarios, es el trabajo de nuestra gente. El proyecto de la “Ley Humanitaria” atenta contra el empleo. Son solu­ciones a corto plazo, solu­ciones parche y vemos que hay mucha improvisación. Por tributos, los ingresos del Gobierno entre 2017 y 2019 fueron de alrededor de $44 mil millones. La Ley de Solidaridad creada por el terremoto del año 2016 recaudó $1.555 millones por contribuciones “úni­cas y temporales”, con un cuestionado y público mal uso de estos fondos. Ade­más, la contribución única y temporal recientemente creada por la Ley de Sim­plificación y Progresividad Tributaria, tan solo al sec­tor societario no financiero le representa $189 millones anuales para el período 2020-2022, agravando la iliquidez de las empresas.