Resulta inentendible que, mientras el Gobierno propone leyes para reunir fondos con los que pueda enfrentar la emergencia creada, además del ámbito sanitario, en lo social y lo económico, hay funcionarios empeñados en lucrarse de contratos dirigidos, precisamente, a enfrentar la emergencia.

A tanto llega el problema que en una semana se han cumplido al menos once allanamientos a casas y lugares de trabajo de involucrados en estos actos.

Se debe investigar con detalle, sin ligereza, señalando a los responsables, sean del nivel que fueren. Luego de esto, dejar que la justicia cumpla su papel.

Pero también, desde el Gobierno se hace necesario que se revisen los procedimientos para la contratación pública. No es suficiente con centralizar los procesos de contratación en el campo de la salud en una dependencia cuyos funcionarios desconocen la realidad de cada hospital, de cada jurisdicción. Eso no garantiza que no haya corrupción. La solución, tal vez, podría estar en un cambio de las reglas de juego, pero para eso se necesitan otros pasos.