El Gobierno no es culpable absoluto de que el COVID-19 haya infectado a tantos ecuatorianos, obviamente. Hay corresponsabilidad ciudadana e inclusive de los gobiernos seccionales que han tomado medidas más estrictas. 

El enojo popular se lanza contra quien sostenía que no son necesarios los hospitales grandes, que privilegió el pago de la deuda externa al tiempo que todos los países se han acogido a la moratoria. Pero aquí, en nuestro amado Ecuador, la política actual devolvió privilegios: había que cumplir con los compradores de tramos de la deuda,  perceptores de   grandes utilidades gracias al compromiso del ministro de Economía.

Y, peor aún, que la  justicia supuestamente independiente, con palpable diligencia, tomó el caso Sobornos como prioritario, en tanto cundían las denuncias de  sobreprecios en la adquisición de insumos médicos hace  varias semanas y de fundas exequiales, en los últimos días. Dictó sentencia por un préstamo de $ 6.000  que Rafael Correa hizo al fondo de militantes de la AP y que pagó totalmente.  Si no sale culpable en un caso, tenían otro: Correa pedía coimas a Odebrecht, empresa que nunca dijo eso. Si fuera así, tanto sobornado como sobornador serían culpables. No hay ninguna orden del expresidente, pese al  espionaje al que lo han sometido. Dicen que influyó psíquicamente, materia más para una pitonisa que para un psicólogo. Es que dirigía el sistema de contratación pública, es que era un dictador que controlaba todo y, finalmente, como presidente firmaba los decretos, por lo tanto ¡este tribunal lo condena!

A todo este bochorno, es  lamentable que un médico y docente de prestigio por obligación moral, por cumplir con el juramento hipocrático acuda a servir a los conciudadanos, a tratar de arreglar  un caos en el que se suman variables, incluidas personas de varios altos mandos, es  triste que deba   sufrir el desgaste de un Gobierno antipueblo. La posición del ministro de Salud es de servicio, centrada y  alejada de criterios puramente políticos. ¡Que así sea!