Si bien la reducción de alrededor de once millones de dólares en el presupuesto para las cuatro universidades públicas que funcionan en Manabí es una medida que preocupa porque, sin dudas, incidirá en el funcionamiento de estos centros, es también comprensible porque el régimen debe destinar fondos públicos a la atención de la emergencia ocasionada por el coronavirus.

Se trata de una disminución de recursos necesaria en todos los ámbitos de la administración pública para cubrir una necesidad imperiosa, producto de un evento fortuito.

Lo que no puede entenderse es que desde el Gobierno les digan a los rectores en qué rubros deben aplicar los recortes. Eso equivale a desconocer la autonomía universitaria y a establecer medidas que, posiblemente, difieran de la realidad de cada universidad. Lo lógico es que cada rector, sobre la base del recorte en el presupuesto, decida qué medidas aplicar para que los estándares en investigación, educación y otros rubros se mantengan lo más altos posible.

Es la ocasión para señalar que el poder central debe ir cediendo paso al poder local. Los problemas se manejan mejor con visión propia y no desde las esferas del oficialismo.