En Ecuador, por ley, todas las personas que cumplen 18 años, automáticamente pasan a ser individuos con derechos y responsabilidades, con capacidad para obrar y accionar por su propia cuenta, para ello, desde que nace se lo identifica con un código numérico que es único e irrepetible. 

El Gobierno, después de vacaciones obligatorias, sin remuneración, y de campañas sugestivas para quedarnos dentro de casa y no contaminarnos con la temible enfermedad del COVID-19, anunció la creación de impuestos para financiar el presupuesto, afectado por el desplome mundial de los precios del petróleo, la baja de exportaciones y la disminución del comercio, y, adicionalmente para ayudar con bonos a los más necesitados. Estas contribuciones se canalizaron a través de bancos, y cooperativas de ahorro. Para evitar contagios se tomaron medidas preventivas y radicales, los pagos de esas asistencias humanitarias ha generado problemas de avalanchas peligrosas. 

A la Asamblea, sugerimos elaborar una ley para crear claves, cuentas corrientes, cuentas de ahorros, entregarles tarjetas de débito, para que los beneficiarios retiren por cajeros o en los organismos financieros, para evitar esas colas y aglomeraciones. 

El Estado tendría a su vez control exacto de las personas que realmente necesitan estas colaboraciones, adicionalmente van creando la cultura de la compra y venta con tarjetas, también se lograría un control exacto de las tributaciones, la utilización del dinero físico disminuiría y las transacciones se sincerarían y transparentarán. Nadie se escapará de tributar al tesoro nacional, se terminará la viveza criolla que es generadora de tanta evasión.

Es vergonzoso que en Ecuador hayamos llegado a situaciones insólitas de desparpajo. Se ha hecho común que personajes, gracias a elecciones democráticas ejerzan funciones públicas y otros, por su formación académica, ocupen posiciones de alta representación política en organismos de salud, y/o frente a entes técnicos gubernamentales, pero al transcurrir el tiempo los organismos de control oficiales, después de análisis de documentos, comprueban que su accionar no ha sido del todo honrado, honesto, más que todo no ha habido eticidad. Pedimos a la Asamblea que a esos personajes a más del castigo penal, de la devolución de los dineros mal habidos, de la vindicta pública, que las universidades (que a fin de cuentas las financia el pueblo ecuatoriano) les despojen de sus títulos por falta de ética.