Las autoridades del Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional deberían pronunciarse por la suspensión de las elecciones.

Durante el último mes, el país ha recurrido a créditos internacionales, a contribuciones ciudadanas y a renegociaciones de la deuda para reunir dinero, a fin de enfrentar los problemas económicos derivados de la súbita paralización del aparato productivo. No es conveniente que en estas circunstancias se destine parte de los recursos del erario nacional a desarrollar un proceso eleccionario que bien puede aplazarse.

La suspensión de ciertos gastos como los de promoción y financiamiento de partidos políticos no será suficiente. El panorama frente a la pandemia todavía es incierto y ni siquiera en países que empezaron antes a restringir los eventos masivos se ha podido volver a la normalidad.

Ecuador no puede exponer a su población ni gastar en un evento postergable los pocos recursos de que dispone. Hay que establecer prioridades.