Y es que ya nadie cree en buenas intenciones, queremos soluciones, no simplemente planteamientos en tiempos de crisis,  donde se juega con la solidaridad de  las personas, sean estos empresarios, empleados o emprendedores, a quienes se acude para calmar esta crisis que es un problema de todos. Viéndolo así, diríamos que el Gobierno tiene razón en solicitarnos un aporte de los sueldos o de las utilidades durante un tiempo; bueno, que esto sea por la crisis sanitaria, para dejar implementado hospitales con los equipos e insumos que son necesarios no sólo por la emergencia, sino para mejorar el sistema de salud público; pero que también revise los sueldos de los funcionarios públicos o que revise el número de instituciones y cargos innecesarios.

El Gobierno debe proponer medidas en pro del empleo, de la productividad, del sostenimiento de la economía, buscar liquidez y encaminar los recursos de la banca pública y privada hacia créditos blandos, destinados a la reactivación económica que permitan levantarnos de esta crisis y generar empleo, créditos con intereses bajos y a largo plazo; en otras palabras debe proteger al sector privado.

Después de esta cuarentena, la crisis económica que se viene desemboca en una crisis social que el estado deberá solucionar, coordinando acciones con todos los gobiernos locales para que en base a estadísticas identificar los sectores más vulnerables a los que habrá que ayudar con políticas claras hacia el buen vivir con organización y responsabilidad.

Las leyes de inquilinato, servicios básicos, servicios bancarios, y demás servicios que hoy constituyen un egreso mensual en el bolsillo de los ecuatorianos, deberán revisarse y adaptarse a ésta situación de iliquidez que probablemente dure un año, sin por ello afectar a los proveedores de servicios ni a los usuarios.

Hoy pagamos justos por pecadores, pero debemos solucionar los problemas económicos en unidad, sin hacer caso a algunos trasnochados que todavía en medio de la pandemia intentan desestabilizar al Gobierno.