En momento en que se requiere el apoyo de todas las fuerzas del país para empujar hacia salidas menos traumáticas de la crisis originada por la pandemia del coronavirus, el desacuerdo político se manifiesta en ausencias para las que no deben existir excusas.

Y, en verdad, no hay justificaciones porque la modalidad de teletrabajo y el aislamiento obligan a todos a permanecer en sus casas.

El compromiso y el aporte debe ser de todos. Si en la Asamblea Nacional siguen aplicándose las tácticas de siempre, de ausentarse cuando haya que tomar decisiones que pudieran representar compromiso político o que, simplemente, no son del interés de los legisladores, deberían replantearse las normas que rigen al Ejecutivo.

Las ausencias deberían ser investigadas y, de ser el caso, sancionadas. Cada asambleísta percibe un valor económico que paga el Estado pero les cuesta a todos los ciudadanos del país. Sin entrar en el debate de si se requieren más o menos legisladores, debería aplicarse la fórmula que rige a todo el sistema laboral: las ausencias injustificadas se sancionan con descuentos.