Para hacer una radiografía de este caso, comenzamos con Pedernales que desde antes del terremoto del 16 de abril del 2016 no cuenta con un hospital para una población estimada de 60.000 habitantes, sumado a los cantones y sectores de influencia como Jama, San Vicente, la parte norte del cantón Chone y la parte sur de la provincia de Esmeraldas; y, que declaraciones emitidas por el Dr. Ernesto Carrasco, en calidad de viceministro de Salud, sorprendió a la opinión manifestando públicamente que el Hospital Móvil de Pedernales, instalado el 8 de diciembre de 2018, iba a ser trasladado hacia Guayaquil, para enfrentar los altos índices de infectados por el coronavirus, negando el derecho constitucional de los pedernalinos de tener un hospital para enfrentar la emergencia sanitaria. 

Asimismo, fue ofrecida desde el anterior gobierno de Rafael Correa la reconstrucción con fondos de la Ley de Solidaridad de los hospitales Dr. Miguel H. Alcívar de Bahía de Caráquez y el Napoleón Dávila de Chone, que también hasta la fecha han pasado 4 años y no se concreta la culminación de estas obras, agravando más la frágil situación sanitaria que viven nuestros hermanos manabitas en el norte de Manabí.

Manta es la ciudad puerto, de servicios, y de una alta fuerza laboral focalizada en las industrias fabriles y de procesamiento de pescado, que no cuenta con una infraestructura de salud acorde a la población que sobrepasa los 200.000 habitantes incluyendo los cantones de Montecristi y Jaramijó que solo cuentan con subcentros de salud. Los altos niveles de coronavirus en el puerto manabita obligan a reforzar la atención en salud, ya que el hospital Rodríguez Zambrano de Manta ha venido de tumbo en tumbo para su rehabilitación, negando el derecho de tener una nueva infraestructura con tecnología de punta y con suficientes cama. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda instalar 24 camas por cada 10.000 habitantes, con lo cual el hospital de Manta debería tener 183 camas, pero el MSP ha considerado la disminución de 37.

Es necesario una acción de unidad para exigir las obras sanitarias y que en esta emergencia el Gobierno cumpla con el 4% del PIB para salud; que con ello se doten de los recursos económicos, materiales y de medicinas en favor del pueblo, garantizando este derecho constitucional y además que los miles de trabajadores, enfermeras y médicos cuenten con las garantías para desarrollar sin ningún tipo de peligro y con estabilidad laboral su noble profesión.