Lamentablemente, el odio político ha sido un eje común en la mayoría de los gobiernos del país. La historia registra no pocos casos de esta naturaleza.

Es probable que quienes fueron sentenciados el martes recurran el fallo de primera instancia que dispone una pena de ocho años de prisión para la mayoría de ellos. Y es necesario que, para que haya una verdadera justicia, el análisis de cada pedido se haga con apego estricto a las leyes y la jurisprudencia.

Así debe obrarse, pese a que en el pasado se lo hizo diferente.

Pero, también, es menester que los organismos vinculados con la administración de justicia investiguen otras denuncias de corrupción, no solo del Gobierno de Correa. El caso Sobornos tiene que ver con la entrega de recursos para la campaña política de Alianza Pais por parte de empresas que después fueron contratistas; pero hay otros casos denunciados, alrededor de una veintena, que se pusieron bajo la mirada de los fiscales.

Estos casos ameritan la misma prolijidad de la Fiscalía para que, de ser el caso, se llegue a más sentencias.