En la situación sanitaria actual, se requiere que los recursos públicos se prioricen hacia el sector de salud. El coronavirus amenaza con colapsar aún más los servicios asistenciales y esto, sin duda, contribuye al deterioro de la atención que deben recibir todos los usuarios de los establecimientos, trátese o no de casos relacionados con tan letal afección.

Mientras Ecuador se debate entre la inmovilidad dispuesta por las autoridades, los problemas económicos y los comprensibles inconvenientes que desequilibran el bienestar de la sociedad, hay procesos de contratación pública que están cerca de adjudicarse y cuyos productos no representan prioridad para el Estado. Bien podrían quedar para después, con excepción de los que sean necesarios para atender la emergencia.

Por otra parte, es recomendable que los organismos de control observen tales procesos para garantizar que todo está en regla.

En momento como los actuales, es urgente que se reoriente el uso de los recursos del Estado hacia la atención a lo prioritario. El país se halla en estado de excepción y las circunstancias lo demandan.