s de responsabilidad de las autoridades garantizar la seguridad de las personas que permanecen en los centros de rehabilitación social, amenazadas hoy por el aumento de la violencia en esos recintos.

El asesinato entre reos es un problema que no ha sido solucionado, ni siquiera con la emergencia que el Gobierno decretó para el sistema de rehabilitación social del país.

No se entiende cómo, si se aplica un riguroso sistema de revisión y de control de visitas, se permite el ingreso de armas, drogas y otros artículos de prohibida tenencia; ni cómo, si existen dispositivos que bloquean las señales de telefonía celular incluso en los alrededores de las cárceles, los reclusos pueden hacer llamadas y enviar videos desde dentro de las celdas. Y, peor, que esas formas de comunicación sean utilizadas para extorsionar desde los denominados centros de rehabilitación social.

Un informe forense acaba de confirmar que seis reos que aparecieron muertos en un mismo día en la cárcel de Turi, en Cuenca, fueron asesinados a golpes y luego colgados. ¿No funcionan, acaso, los sistemas de vigilancia?

Tras la declaratoria de emergencia, las aguas parecen haber vuelto a su cauce, sin que se haya podido solucionar los problemas de fondo del sistema de rehabilitación social. Hay que insistir en la seguridad de los reos.