Hasta ahora, lo que existe es un prolongado silencio de las autoridades frente a un problema que las entidades públicas iniciaron y que terminó por endosarse a quienes, a la larga, resultaron perjudicados.

Tras el terremoto, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda emprendió la reconstrucción de viviendas familiares que hubieran quedado dañadas por el trágico evento. Se hizo un proceso rápido de adjudicación de los trabajos y se anticipó la mayor parte del monto contratado, pero muchas de estas obras terminaron abandonadas y, en algunos casos, ni siquiera fueron empezadas.

No se ha dado a conocer el listado de los contratistas incumplidos, bajo el argumento de proteger datos de profesionales que perjudicaron a cientos de ciudadanos; tampoco se ha dicho cuándo ni cómo se retomarán los trabajos, ni se ha investigado para determinar responsabilidades de quienes propiciaron esta suerte de trampa administrativa y jurídica.

Se van a cumplir cuatro años del terremoto y mientras no se dé una solución al problema que afrontan los aún damnificados, no se habrá hecho nada. Aquí deben contar los resultados, y es lo que no hay.