En una comparecencia de prensa la ministra de Gobierno, María Paula Romo, precisó que en la operación, denominada "Victoria 403" en la que se practicaron allanamientos en cinco provincias, fueron arrestados cuatro policías, un militar en servicio activo y dos funcionarios de la Fiscalía General del Estado.

La responsable explicó que los detenidos buscaban a "personas a quienes creían que podían quitarles sus pertenencias y hacían supuestos allanamientos que era su forma de robar a los ciudadanos".

Mientras se desarrollan los procesos legales en torno a los detenidos, "todos los involucrados estarán sujetos a sanciones disciplinarias", subrayó Romo.

El fiscal encargado del caso, David Bermeo, reveló que la banda ingresaba en los domicilios con órdenes de allanamiento falsas y empleando prendas similares a las de instituciones públicas como Fiscalía y Policía Nacional.

"Ahí, mediante amenazas de privar de su libertad a las víctimas, procedían a sustraerse dinero, dispositivos electrónicos y objetos de valor", explicó y subrayó el mensaje de que las autoridades tendrán "cero tolerancia" con la corrupción, "venga de donde venga".

Coincidió con este aspecto el comandante general de la Policía Nacional, Nelson Villegas, al advertir que en las filas de su institución no se toleran este tipo de hechos.

Por su parte, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se refirió en su cuenta oficial de Twitter a las detenciones al asegurar que "quienes impartimos justicia, estamos sujetos a un estándar mayor que el resto de la ciudadanía. La Fiscalía General del Estado no tendrá la menor tolerancia con los malos funcionarios de la Fiscalía y Policía que abusen de su posición para delinquir".

La fiscal general indicó que en los últimos meses el órgano fiscal ha arrojado resultados en varias investigaciones contra funcionarios públicos en diferentes puntos del país.

La acción policial se practicó en las provincias de Pichincha, Manabí, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas, con su centro de mando en Quito, capital del país, y en Santo Domingo. EFE