El pueblo, sobre todo el sector indígena, se pronunció en contra de eliminar el subsidio a los combustibles (Decreto 883). Tan importante tema que actualmente se encuentra en la mesa de diálogo con la inclusión de los actores sociales, debe ser tratado con mucha mesura puesto que se encuentra en riesgo la economía presente y futura de nuestra nación

Sin duda alguna, se debe reconsiderar la condonación de deudas otorgadas a los grupos empresariales más acaudalados del país: banqueros, petroleros, exportadores, medios de comunicación, etc. (alrededor de 25 familias pudientes y 170 grupos económicos poderosos), a quienes se les condonó la deuda de 4.600 millones de dólares (Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía).

Tamaño desacierto que premia la irresponsabilidad de unos pocos ricos, a quienes se les acolita su impunidad, ha arrinconado al gobierno a las condiciones neoliberales del FMI, al aceptar un crédito total de 10.279 millones de dólares (4.600 para este año), pues lo único que denotan es la inmisericordia de un equipo económico y ejecutivo con nuestro pueblo.

Consigna de los manifestantes es que ahora se pretenda que los sectores más pobres y vulnerables de la población paguen dicha deuda con la imposición de medidas que afectan la precaria economía.

La firma de la Carta de Intención con el FMI introduce reformas a la legislación que no solo se centraban en el Decreto 883; trae consigo una serie de reformas en ámbito tributario y laboral que de darse, de seguro traerán reacción generalizada del pueblo trabajador; sobre todo, cuando se pretende aplicar austeridad en los contratos de los servidores que menos ganan, reduciendo su remuneración, lo que conllevaría a una regresión de derechos, reducción de sus días de vacaciones, como reducción de un día de su sueldo. Resulta necesario, entonces, aceptar las recomendaciones de los expertos y especialistas en materia económica, así como las voces del pueblo. 

Un hecho cierto y que debe ser investigado y sancionado es el daño que se provocó a bienes y personas por quienes tuvieron el afán de romper el orden democrático; así como también, la criminalización de la protesta social que de hecho la hubo.