Una acción provoca una reacción. El Gobierno se empecina en mantener la vigencia del Decreto 883, mediante el cual, entre otras cosas, se dispone la supresión de los subsidios a los combustibles más utilizados por toda la población motorizada, los pescadores, la pequeña y gran industria, en fin, toda la población.

Recordemos la ocurrido en Venezuela hace más de veinte años, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez intentó subir el precio de la gasolina, la reacción fue tremenda y ocasionó el famoso caracazo, que dio al traste con ese gobierno de los adecos. Ese descontento fue aprovechado por el coronel Hugo Chávez Frías para promover una revuelta desde La Carlota y su posterior triunfo electoral.

Es imperdonable que durante más de 40 años de era petrolera en Ecuador, los gobiernos hayan sido incapaces de producir derivados del petróleo que utiliza la población: diésel, gasolina y gas doméstico e industrial. Fuera bueno enjuiciar a todos los funcionarios que estuvieron frente a la responsabilidad de la refinación del crudo. Que después del tiempo transcurrido tengamos que seguir importando estos productos, ¡es imperdonable!

Tardíamente el Gobierno quiere promover el diálogo, cuando el país está convulsionado y la posición de las comunidades es no dialogar, si antes estas medidas antipopulares no son derogadas.

Aquello de trasladar la sede del Gobierno a Guayaquil denota debilidad o inseguridad. Recordamos que alguna vez el doctor Velasco Ibarra al verse caído acudió a este mismo recurso y, sin embargo, se cayó.

Es evidente que la protesta no solo es por el referido decreto, sino por la sumisión del Gobierno a los dictados del Fondo Monetario Internacional,  la supresión de empleos, la entrega del aeropuerto de San Cristóbal en Galápagos a Estados Unidos, so pretexto de combatir el narcotráfico, argumento que no convence a nadie por más que se esfuercen en ocultar el verdadero motivo que es establecer una nueva base militar, lo cual está prohibido, según el artículo 5 de  la Constitución.