Los datos, alojados en un servidor en Estados Unidos, tienen información sobre identidades, nexos familiares, trabajo, situación financiera y otros acerca de la mayoría de ciudadanos de Ecuador, incluyendo menores de edad y personas fallecidas.

Existe un vacío en el país en este ámbito. No se cuenta con efectivos mecanismos legales para garantizar la protección de los datos personales. No se puede asegurar que la información que proporcionan los ciudadanos para acceder a determinados servicios no sea vendida con un sinfín de finalidades que incluyen suplantación de identidad, fraude financiero o secuestros.

El Gobierno anunció el envío de un proyecto de Ley de Datos Personales, con el que propone formas de regular y proteger datos personales de los habitantes de Ecuador. La propuesta está lista desde hace varios meses y, tras lo ocurrido, se decidieron a entregarlo para que el Legislativo le dé el tratamiento que se necesita. Eso está bien, pero ¿era necesario esperar a que pasara algo así?

Es contradictorio que en un país en el que se obliga a proteger la identidad de delincuentes no se haya legislado para proteger la información sensible acerca de los ciudadanos.