Las reformas a la Ley de Tránsito, que la Asamblea Nacional difunde con los sectores interesados del país, deben contemplar medidas de prevención de accidentes. Deben establecerse parámetros de calificación de los conductores y unidades de transporte, especialmente a los públicos; formas de control permanente; sanciones drásticas  en los casos de irresponsabilidad e impericia; entre otras.

No es frecuente, al menos en las terminales terrestres de Manabí, ver a agentes en operativos de control del estado de los vehículos. No suele solicitarse a los conductores los documentos que demuestren su idoneidad para manejar buses o taxis. Estos controles deberían ser rutinarios, no solamente en épocas de feriado, como ha venido ocurriendo.

Este año, entre enero y julio, en Ecuador se registraron 14.111 accidentes de tránsito. Manabí ocupa el tercer lugar, con el 7 por ciento de la cifra nacional. En esta provincia, el saldo de los percances ha sido de 80 muertos y 622 lesionados.

La ley debe conducir a una disminución de la siniestralidad de las vías del país, pero para ello hay que reforzar la conciencia de los choferes y, al mismo tiempo, endurecer las penas para quienes, aunque no hayan salido con la intención de matar, ponen de manifiesto su irresponsabilidad al volante.