Los fiscales de Pichincha Sandra Velasco y Javier Bósquez intervinieron en el juicio (instalado en junio) que duró tres días. Presentaron más de diez testigos periciales y cerca de cincuenta pruebas documentales, como escrituras, contratos de compra-venta de vehículos, certificados bancarios y otros, para demostrar la responsabilidad de la procesada en el delito imputado.

La Fiscalía comprobó su teoría del caso: entre 2015 y 2016, Betsy Maribel P. Á. ingresó al Sistema Financiero Nacional depósitos bancarios por 95.800 dólares, sin los soportes legales.

Esta acusación fue sustentada por la Fiscalía con la exposición, de forma presencial y a través de video conferencia, de los testimonios de los peritos de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional (ULA), de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD).

En su testimonio, Betsy Maribel P. Á. dijo que empezó con actividades económicas en 2012, pero que no había realizado las respectivas declaraciones tributarias, aseveración que no pudo ser demostrada por su abogado defensor.