Debe tratarse de un proceso objetivo y transparente, que tome en cuenta las opiniones y sugerencia de los ciudadanos, quienes son los afectados en forma directa por las decisiones que toman los jueces, ya sea a favor o en contra de sus intereses.

En el andamiaje judicial del país, la acción de los administradores de justicia no ha estado libre de cuestionamientos que han llevado, incluso, a sanciones tan severas como la destitución.

 

El siguiente paso debería ser, también, la evaluación del accionar de los funcionarios en las cortes provinciales. Y debe estar dirigida no solamente a los jueces, sino también a los fiscales. El proceso será un poco más largo y difícil, pero es necesario.

Tanto los magistrados como los fiscales deben ser ejemplos de probidad, rectitud y desapego en sus decisiones. Es necesario que demuestren en todo momento su idoneidad, pues siempre están bajo el escrutinio público y de la forma en la que lleven los procesos depende la aplicación correcta de los fallos. Es lo ideal.

La evaluación es un buen ejercicio y sus resultados deberían conducir, si es necesario, a la renovación de los cuadros de quienes imparten justicia. El país lo requiere.