Las restricciones que impone el actual sistema para el ingreso a las universidades públicas son propicias para el cometimiento de delitos como la estafa y la corrupción.

Informaciones indican que personas estarían cobrando hasta cuatro mil dólares por conseguir un cupo en universidades públicas y beneficiar con ello a bachilleres que no reunieron el puntaje suficiente para cursar determinadas carreras.

De ser así, la Fiscalía debería emprender una investigación profunda, de oficio, en vista de que en casos como estos casos puede ser difícil conseguir una denuncia.

Se podría estar ante posibles eventos de corrupción, en caso de ser cierto que se consigue el acceso a las universidades de esta forma, pues para ello es posible que se esté vulnerando los procesos de selección.

También podría tratarse de estafa, como ha ocurrido ya, por ejemplo, con personas que tratan de conseguir un puesto de trabajo en alguna institución pública.

Es posible que en Manabí también se den estos casos, aunque el señalado se presentó en Ambato.

Lo cierto es que, en cualquier caso, existe perjuicio contra los ciudadanos y es necesario que se emprenda una investigación para tratar de encontrar a los responsables.

Pero, además, es preciso que haya una auditoría al proceso de escogitamiento de estudiantes, porque es restrictivo y limita la libertad de desarrollarse en el campo que cada quien decida para profesionalizarse.

Son estas condiciones las que llevan a muchas personas, en su afán de seguir sus metas, a tratar de ingresar irregularmente a las universidades y caer en las manos de tramitadores y estafadores.