Lamentablemente y cuando operaba con relativa normalidad la ruta Quito-Portoviejo y viceversa, cuando aterrizaban aviones de Tame, Aerogal e Ícaro, helicópteros y avionetas; cuando incluso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la sazón ministro Héctor Villagrán, invirtió en un recapeo total de la pista, se resuelve “ en las alturas” cerrarlo porque no se justifica y además genera pérdidas económicas, cuando lo más importante es el servicio que se presta.

En el año 2007 en el diario Hoy apareció un inserto que elaboró la Dirección de Aviación Civil, que incluía datos y fotos de los aeropuertos de Ecuador. El nuestro había sido borrado.

Aquí, la Cámara de Comercio abanderó la defensa. Después hicieron causa común el gobierno municipal, organizaciones populares, gremios profesionales etc. Hubo marchas en las calles, manifiesto por la prensa, reclamos directos ante el Gobierno Nacional. Pero nada pasó. Hoy esa puerta al espacio aéreo yace abandonada, su pista perforada y destruida, siendo utilizada para otros fines. ¿Dónde quedó nuestro sentido de pertenencia y nuestro cariño por la ciudad? Observamos impávidos cómo un icono de todos está en agonía.

Resulta contraproducente que la ciudad de las colinas, los bellos y amplios parques, la que va pa’lante, la que va arrumbándose por la senda del progreso, bonita, agradable pierda su aeropuerto. Será un retroceso histórico.

El Reales Tamarindos es parte de la capitalidad de la que mucho hablamos y poco hacemos. Dignatarios que dijeron defenderla, cambiaron de opinión. No veamos el aeropuerto como un obstáculo para la movilidad y conectividad. Hay otras soluciones. El aeropuerto es un tesoro que nos legaron nuestros antepasados. Que sobre el tema hay opiniones divididas es verdad. Entonces hagamos uso de la Constitución que en el artículo 104, inciso tercero, dice: “Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las tres cuartas partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción”.

Siendo así, vale exhortar al Concejo municipal, órgano político y de legislación, discutir, analizar motivadamente el tema y hacer uso del código constitucional para que sea la ciudadanía que legitime la permanencia o no del aeropuerto de la capital provincial. “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”. La historia y la posteridad juzgarán la decisión final que adoptemos.