Los periodistas de investigación Fernando Villavicencio y Cristian Zurita han denunciado al país, con los soportes documentales de rigor, cómo entre varias corporaciones entregaron a la campaña electoral de Alianza PAIS USD 11,7 millones de dólares. En base al nombre de las empresas “inversionistas” diario La Hora, del viernes 10 de mayo del 2019, complementa los datos y evidencia que entre el 2013 y hasta el 2017 estas compañías recibieron USD 3.196 millones de dólares en contratos.

El detalle de lo recibido en dólares es el siguiente: SK Engineering Construction, de Corea del Sur, recibió 718 millones. Fopeca, de Ecuador, 682 millones. Odebrecht S. A., de Brasil, 625 millones. Sinohydro Corporation Limited, de China, 457 millones. China International Water  Electric Corp-CWE 356, de China, 356 millones. Telconet, de Ecuador, propiedad aparente de Tomislav Topic, 196 millones. Hidalgo Hidalgo, de Ecuador, 98 millones. Semaica, de Ecuador, 63 millones. Estos 3.196 millones de dólares recibidos, según el diario en referencia, equivalen a 273,16 veces más lo invertido. Es decir que por cada dólar colocado en la campaña electoral de Alianza PAIS recibieron 273,16 dólares en contratos.

Algunas personas se preguntan: ¿Pero por qué no existen juicios ni sentencias sobre tantas denuncias realizadas en años? La razón es muy sencilla. De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, COIP, aprobado por el propio bloque legislativo de Alianza PAIS y con el apoyo de Rafael Correa, el Art. 609 del mismo señala que para existir un proceso penal, este “se sustancia sobre la base de la acusación fiscal”. Es decir que si no existe acusación del fiscal general (para las autoridades) no hay juicio. Resultando evidente que los fiscales fueron funcionarios dependientes del propio Rafael Correa como, por ejemplo, Galo Chiriboga o Carlos Baca. Sin acusación no había juicio.

Pero eso no era todo. El Art. 581 del mismo COIP, en su numeral 3, establece todavía que “Para el ejercicio de la acción penal, por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, constituye un presupuesto de procedibilidad (o requisito) que exista un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado.” Es evidente que mientras estuvo Carlos Pólit Faggioni, durante más de una década, no se autorizaban estas acciones. Pero allí no para el asunto. Supongamos que los astros están debidamente alineados y la fiscal general, doctora Diana Salazar, y el contralor general del Estado, doctor Pablo Celi, aprueban las acciones penales pertinentes. Ahora el análisis y decisión final, y en varias instancias, queda en manos de los jueces, cuya inmensa mayoría fue designada por el correísmo; con especial cuidado en las cortes y tribunales.

Pero tampoco queda allí el asunto porque existen delitos que Alianza PAIS desapareció o limitó. Por ejemplo el prevaricato solo existe para jueces y abogados; no para los fiscales. Así lo determina el Art. 268 del COIP; se lo puede verificar.