El organismo presentó su informe “Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, que recoge los resultados de una investigación realizada a principios de año y que detalla casos de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
“Amnistía Internacional considera que en Venezuela podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, extremo que debe ser determinado por una instancia judicial independiente e imparcial”, sostiene el informe.
Esto se debe a la “gravedad” de los ataques contra los opositores, el gran número de víctimas, la coordinación de las fuerzas de seguridad implicadas y el conocimiento por parte de el presidente Nicolás Maduro sobre los hechos.
“Las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo a Maduro, supieron de estos hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas”, destaca el estudio.
Por lo tanto, Amnistía Internacional “considera que el encubrimiento de estos hechos ha sido parte de la política de represión”.