La ley es la ley. Luego es inaceptable que, en determinados comicios ya realizados, insurjan actitudes beligerantes y hechos violentos como destrucción de urnas, asaltos a miembros de las juntas electorales, amenazas imprudentes y otras exigencias fuera de la ley. Los líderes de estos sectores tienen que imponer orden a sus seguidores y explicar que solo el respeto a las normas vigentes son el camino democrático que debe concluir y determinar quién ha triunfado electoralmente, y que esto tiene que ser respetado y aceptado por todos los participantes. Es la voz legal y democrática “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” no hay otra alternativa, lo exige la prudencia y la vigencia constitucional.

Esta es la verdadera aplicación de la democracia. Hoy vivimos el caso de la existencia y funciones del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, cuya integración suigéneris, forma y funciones, unos la aceptan y al mismo tiempo dan lugar a otros que piden se lo elimine del espectro legal, y aun dicen que es un peligro para la democracia. Con calma y reflexión ante los argumentos que exhibe cada postura sin prisas y analizando en profundidad lo expuesto es como se debe discutir sobre éste organismo para que cada opción exponga y luego se decida.

Al respecto, ha llamado la atención la opinión del distinguido y eminente repúblico Dr. Julio César Trujillo, que ha sido presidente de este organismo que lo han integrado connotados ciudadanos, analizando su creación en el correato, en donde sirvió para legalizar algunos actos no debidos de acuerdo a la Constitución. Su actual Presidente explica que, con sus integrantes del momento, por su gran calidad democrática, se ha tratado de llevar con todo respeto las funciones del mismo, pero le abrigan las dudas de que si éste organismo cae en manos de personajes afectos al abuso, es factible una afrenta a la legítima democracia y por ello el Dr. Trujillo considera que esta entidad no debe seguir existiendo, entraña un peligro permanente a lo dicho si se abusa de las facultades que el organismo tiene. 

Por ello su vigente Presidente cree que debe extinguirse el mismo del sistema constitucional ecuatoriano y ha tomado la decisión de realizar una gran campaña, extensamente difundida, para que este Consejo no tenga vigencia de manera alguna en la legalidad constitucional del Ecuador. Espera la ciudadanía que la voz experta y atildada de este gran magistrado sea escuchada, por el bien futuro de la Patria.