En nuestro país, los últimos once años nos brindaron sueños de una justicia maravillosa, que en la práctica y la realidad son una fábula catastrófica para los ciudadanos que en el reclamo de sus derechos constitucionales, los jueces sumisos al poder gubernamental perdieron los más altos principios éticos, morales y legales donde a los ecuatorianos que buscamos justicia nos negaron nuestros derechos, no teniendo a dónde reclamar, ya que los organismos inherentes al control de la justicia han evadido su responsabilidad, y donde el Consejo de la Judicatura, en respuestas a las denuncias presentadas por los afectados en la nefasta administración de justicia, sólo se apuran en hablar de sus atribuciones, cuando todos los ecuatorianos sabemos que en más de una década lo que menos ha hecho el Consejo de la Judicatura es velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial, donde las instituciones del Estado y sus organismos sólo han tenido la competencia y facultad de desconocer el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos reconocidos en la constitución y la ley.
En nuestro país, los últimos once años nos brindaron sueños de una justicia maravillosa, que en la práctica y la realidad son una fábula catastrófica para los ciudadanos que en el reclamo de sus derechos constitucionales, los jueces sumisos al poder gubernamental perdieron los más altos principios éticos, morales y legales donde a los ecuatorianos que buscamos justicia nos negaron nuestros derechos, no teniendo a dónde reclamar, ya que los organismos inherentes al control de la justicia han evadido su responsabilidad, y donde el Consejo de la Judicatura, en respuestas a las denuncias presentadas por los afectados en la nefasta administración de justicia, sólo se apuran en hablar de sus atribuciones, cuando todos los ecuatorianos sabemos que en más de una década lo que menos ha hecho el Consejo de la Judicatura es velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial, donde las instituciones del Estado y sus organismos sólo han tenido la competencia y facultad de desconocer el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos reconocidos en la constitución y la ley.