Terminar los contratos con las empresas privadas Transire y Veolia no será, aparentemente, una tarea fácil para el nuevo alcalde  de Manta, Agustín Intriago.  

Así lo sostienen el asesor jurídico del municipio, un abogado particular y el actual alcalde, quien dio paso a esos convenios. 

“Hemos sido claros desde el principio: Transire y Veolia no tienen nada que hacer en Manta. No estamos contentos con ellas. El 42% de los mantenses votaron por esa propuesta y tengo que cumplirla”, ha repetido Intriago en varias entrevistas.

Él, quien empezará a administrar la ciudad a partir del 14 de mayo, adelantó que la culminación de los contratos se hará de la forma más correcta y legal. 

 

>Los conflictos. Jorge Zambrano, alcalde, sostuvo que la decisión de Intriago no será fácil jurídica ni económicamente, pues hoy la ciudad no tiene capacidad financiera para enfrentar una demanda o indemnización. 

“El candidato debía ser serio, no podía pronunciarse demagógicamente en virtud de captar votos, sino en función de una responsabilidad institucional”, señaló Pablo Delgado, asesor jurídico del municipio. Él explicó que una vía menos complicada para terminar los acuerdos es comprobar el incumplimiento de cláusulas por parte de las empresas, aunque ellas se defenderán demostrando lo contrario.  

Y si el alcalde electo toma la decisión de manera particular, las empresas podrán reclamar ante la justicia todo el dinero que dicen haber invertido hasta la fecha en la ciudad. Además de enfrentar una demanda millonaria por daños y perjuicios en la que el cabildo podría ser sentenciado a pagar todo el tiempo que las empresas habían proyectado operar en Manta. 

Raúl Villavicencio, abogado particular, agregó que otra alternativa que podría usar Intriago es la acción de lesividad, que comprende demostrar ante la justicia que los convenios tienen vicios legales por la cual se deben anular.  Mientras que las empresas, añadió, podrían interponer una medida cautelar antes que la nueva autoridad proceda a su decisión, y una acción de protección en caso de ejecutarse la medida. 

En cualquiera de estos escenarios, adelantó Villavicencio, será una disputa legal que tomará mucho tiempo resolver. 

 

>ANTECEDENTES. En abril de 2017 Transire asumió por 10 años la administración de tres sistemas públicos de tránsito: parqueo tarifado, control de velocidad con fotorradares y revisión vehicular. Sus representantes se negaron a hablar sobre la advertencia de Intriago. Entre lo último que informaron hace meses fue que invirtieron  siete millones de dólares en poner a funcionar los servicios concesionados. 

Mientras que en Veolia tampoco nadie quiso hablar. Su contrato de 10 años, firmado en septiembre de 2017, tenía como figura mejorar y potenciar los servicios de agua potable para aumentar la recaudación.