El sistema legal de Ecuador obliga a los ciudadanos a acudir a las urnas para escoger a sus representantes y sanciona a quienes no lo hacen.

En todos los procesos electorales, el ausentismo ha sido mayor al 10 por ciento, y en las últimas elecciones estuvo cerca del 20 por ciento; es decir, uno de cada cinco ciudadanos empadronados no acudió a votar.

Los únicos que gozan del voto facultativo, y por tanto pueden escoger entre sufragar o no, son las personas de entre 16 y 18 años, los mayores de 65 años, los residentes en el exterior, los policías y militares en servicio activo, las personas con discapacidad y los analfabetos. También es facultativo para los extranjeros que cumplan los requisitos para votar en Ecuador.

Parte del ejercicio democrático debe ser dejar a las personas en la facultad de decidir si participan o no en un proceso electoral, de la misma forma que da el derecho a elegir y ser elegido.

Hay ciudadanos que acuden a votar solamente para obtener el certificado que les sirve para realizar trámites públicos y privados, y así evitar el pago de multas, no porque consideren que deben cumplir un deber cívico.

El Gobierno habla de llamar a consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre temas como la permanencia del Consejo de Participación Ciudadana o reformas constitucionales. Que consulte, en alguno de esos procesos, si los electores quieren que el acudir a las urnas siga siendo una obligación o deje de serlo.