El Juzgado de Primera Instancia Penal de Jalapa emitió la sentencia de 5 años de privación de libertad y una multa de 100.000 quetzales (unos 13.000 dólares) por haber cometido el delito de supresión y alteración de estado civil.

Según la resolución, los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2016, cuando la mujer, Glenda Navidad G., dio a luz en un sanatorio privado de la zona 1 de Jalapa y después entregó al pequeño a Isaan Andrés B.O., por medio de "una negociación de 4.000 quetzales (520 dólares) de gastos médicos y 400 quetzales más (52 dólares)".

Los fiscales demostraron durante el juicio que el hombre inscribió al niño ante el Registro Nacional de las Personas como el padre "sin tener ninguna relación sentimental con la madre del menor".

La Fiscalía documentó el caso y presentó la acusación contra los dos imputados, quienes "reconocieron haber cometido el delito ante las pruebas materiales, testimoniales y científicas presentadas por la Fiscalía".

El personal fiscal sustentó la acusación en el artículo 240 del Código Penal, después de que ambos "simularon tener una relación sentimental, inscribieron como propio al bebé ante el Registro Nacional de las Personas con datos falsos del progenitor".

De acuerdo con Unicef, en Guatemala dos niños fallecen al día a causa de la violencia, otros 40 se quedan huérfanos, unos 35 sufren maltrato, 17 desaparecen, 15 son detenidos y 23 son víctimas de abusos sexuales, lo que se traduce en que 6 niñas dan a luz a diario bebés tras una violación.

Además, cada día se reciben 132 denuncias contra la niñez, 6 de cada 10 estudiantes tienen miedo a ir a la escuela, 5.000 están institucionalizados a pesar de que el 94 por ciento tiene algún recurso familiar y 300 migran a México y Estados Unidos para huir, además de la violencia, de la falta de oportunidades o buscando la reunificación familiar. EFE