El régimen laboral actual en Ecuador es muy rígido y ha sido señalado como uno de los factores que restringen las posibilidades de inversión. Lejos de favorecer el empleo, desmotiva a quienes tienen la intención de abrir fuentes de trabajo, y sus beneficios solamente están dirigidos a quienes se hallan bajo una relación laboral de dependencia. No ampara a las personas que no tienen un patrono, como los trabajadores autónomos o los informales, por ejemplo.

En los últimos once años el empleo pleno cayó en 2,6 por ciento en el país, según las estadísticas oficiales. En cambio, el empleo no pleno, en el que están incluidos el subempleo y el trabajo no remunerado, subió un 3,9 por ciento.

Las reformas impulsadas desde el gobierno de Rafael Correa no sirvieron para, como se había anunciado, aumentar la contratación de trabajadores; más bien, el efecto fue contrario porque los indicadores se estancaron y muestran tendencia a la baja.

Las modalidades de contratación, las condiciones para la desvinculación de los trabajadores y algunos de los llamados beneficios sociales son, entre otros, temas que deben ser analizados por el Gobierno.

Ya es hora de que se modernice el Código de Trabajo y que se apliquen en Ecuador normas más flexibles para estimular la contratación laboral y la inversión privada. La ley no debe servir de barrera a quienes pretenden invertir en el país.