Actualizado hace: 14 minutos
Analistas sostienen que con o sin acuerdo con el FMI se requiere una política más eficiente para recaudar más fondos
El crédito con el FMI se pagaría con más impuestos

Ningún préstamo es gratis. El Gobierno requerirá del bolsillo del pueblo para acceder a los fondos disponibles del FMI.

Domingo 31 Marzo 2019 | 04:00

Para ello se pretende equiparar los salarios del sector público y privado, normalizar el uso del diésel industrial y renovar tan solo uno de cada dos contratos que expiran en los sectores no sociales.

A estas medidas se sumarán la actualización de tarifas por servicios al ciudadano de las instituciones públicas, límites en los valores de préstamos hipotecarias y una reforma fiscal.
Según el acuerdo de entendimiento entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de Ecuador, requisitos que el país debe cumplir para recibir más de 10 mil millones de dólares en préstamos, la reforma fiscal debe contemplar la ampliación de la base impositiva, eliminar las exenciones tributarias no justificadas, los regímenes especiales y las preferencias que en la actualidad benefician a los segmentos más ricos de la población.
En palabras “cristianas”, como dice el dicho, el economista Alberto Acosta Burneo desglosa estos términos y explica que la reducción de exenciones tiene que ver con la disminución de los gastos deducibles para que al final del día se termine pagando más impuestos. Sobre la ampliación de la base impositiva, argumenta que significa incrementar la lista de las personas que cancelan impuestos. “En la actualidad el número de personas que pagan impuesto en Ecuador es reducido, también es una consecuencia de tener un sector informal muy grande que no paga impuestos. Lo que quieren ellos (el Gobierno) es que más personas paguen impuestos y la manera de lograrlo es hacer que pagar los tributos sea más fácil”, sostiene.
El economista no ve posible que se amplíen los períodos de prueba en las empresas privadas porque las leyes laborales son poco flexibles.
“El resultado de estas normas es que tener un empleo adecuado es un lujo que no lo tienen todos, la mayoría de la población o no tiene un empleo o está la informalidad (empleo inadecuado), ese es el resultado de leyes tan estrictas que hacen que gran parte de la gente que se contrate al final del día esté en condiciones de informalidad”, comenta.
 
>Ajuste. Según Alberto Acosta Burneo, Ecuador va hacia un proceso de ajuste como resultado de los excesos vividos en la década anterior. El ajuste significa dejar de gastar o que alguien pague la cuenta. “Lógicamente los que pagan la cuenta no son los políticos, los políticos que vivieron esa bonanza y que provocaron esos desequilibrios ya están lejos, además los políticos no son los que pagan las cuentas, los ciudadanos somos los que pagamos las cuentas”, agrega.
El experto deja claro que con el acuerdo con el FMI o sin el acuerdo, Ecuador tiene que ajustarse porque nadie puede vivir gastando más de lo que tiene de manera indefinida. A su criterio,  durante la bonanza subió tanto el nivel de gastos superando el nivel de ingresos, hasta llegar a la situación insostenible que vive el país.
Para Acosta Burneo, el problema es que toda la deuda que se comenzó a adquirir desde el 2013 por el Gobierno anterior y que continuó Lenín Moreno estos dos primeros años debe pagarse, y la manera de pagar las deudas que adquiere el Gobierno es vía futuros impuestos. 
“El ajuste implica pagar las cuentas de los excesos acumulados y ¿quién paga?, los ciudadanos. El ajuste tiene un costo social, económico y un costo político”, puntualiza.
 
>Satanización. El economista Ricardo Alarcón dice que se ha satanizado al FMI, por lo que fue, es y será para el desarrollo sostenible de los países. 
Para él, la disciplina fiscal será clave para acceder a este acuerdo. “El país no puede incrementar su personal desde el punto de vista de las empresas públicas, y tiene que mirar junto al sector privado para tener un plan de salida e ingreso de los trabajadores”, asegura. 
Entre estos ajustes, el economista revela que se corregirá la distorsión del Banco Central que, a su criterio, propone tasas lesivas para la población, como las que se otorgan en los microcréditos con un 16 o 18 por ciento de interés.
“Un país no puede seguir dependiendo permanentemente de sus productos exportables, que pueden terminarse en cualquier momento. Tiene que tener una base tributaria que le permita ser un sostén del 50 o el 60 % de los ingresos de la población”, comenta Alarcón al tiempo de indicar que uno de los objetivos del FMI es eliminar la elusión y evasión de impuestos.
El acuerdo es algo que no deja de preocupar a los trabajadores.  Antonio Macías, secretario general del Sindicato de Obreros del Municipio de Portoviejo, asegura que con los trabajadores se ha venido haciendo lo que sea. Muestra su preocupación por los despidos en el sector público y su desacuerdo con reformas en la contratación y despidos del personal que atentan contra el derecho de los trabajadores.
 
>¿Quién tiene la culpa?. El actual Gobierno le echa la culpa de la falta de financiamiento al Gobierno anterior. Para el expresidente Lucio Gutiérrez, este escenario se debe a que el actual régimen es un reflejo del pasado. 
El expresidente Rafael Correa también culpó a los gobiernos anteriores por la situación del país cuando recibió el poder, asegura el exmandatario. Con la actual deuda con el FMI, la más alta adquirida por un Gobierno en 60 años, valdría cuestionarse si el próximo gobierno también culpará al anterior de las faltas de recursos, acota.
El Ministerio de Finanzas dio a conocer mediante un correo electrónico que cualquier decisión que se tome debe partir de la base, primero, de corregir las distorsiones y procurar una estructura tributaria ágil, justa y que promueva el crecimiento; y, segundo, de un análisis técnico de toda la sociedad.  “Se trabajará en una reforma tributaria que simplifique el sistema tributario y que elimine gradualmente los impuestos distorsionantes, y se analizará además las exenciones tributarias no justificadas, los regímenes especiales y las preferencias que benefician a los segmentos más ricos de la población. El objetivo es presentar una reforma hasta octubre de este año”, aseguró el ministerio.
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