El encuentro aglutinó a delegaciones de alto nivel de 16 países comunitarios y americanos que conforman el denominado Grupo Internacional de Contacto (GIC), que celebró un primer encuentro el mes pasado en Montevideo, Uruguay.

La cita desarrollada en la Cancillería ecuatoriana concluyó con un documento que no fue suscrito por Bolivia y recoge una condena a la decisión de la Contraloría venezolana de inhabilitar durante 15 años a Juan Guaidó para ejercer un cargo público, que también se dio a conocer ayer.

“Es otra prueba de la urgencia de la restauración de la democracia, la separación de poderes y el imperio de la ley en el país”, declaró la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que copresidió la reunión junto al anfitrión, el canciller ecuatoriano José Valencia.

SIN PLAZOS. En este segundo encuentro, que ha contado con la participación de ocho cancilleres, se ha vuelto a insistir en una solución pacífica a la crisis excluyendo el uso de la fuerza, mediante la celebración de “elecciones libres, transparentes y creíbles tan pronto como sea posible”.

El grupo se conformó poco después de que Guaidó,  presidente del Parlamento venezolano, se autoproclamase presidente interino, reconocido por más de 50 países. Sin embargo, sobre la cuestión de tiempos y plazos acerca de cuándo podrían celebrarse elecciones en ese país, los responsables han preferido no pronunciarse, y en esta ocasión han abogado por el pragmatismo y el ofrecimiento de la experiencia en procesos electorales con que cuentan, por ejemplo, los Veintiocho, “sobre la base de una Hoja de Ruta”. Así, la declaratoria precisa que el GIC considera fundamental la “reinstitucionalización” de las instituciones clave del Estado venezolano, así como las garantías para que todos los posibles candidatos y partidos políticos puedan participar en los comicios.

También propugna que se lleve a cabo una actualización completa del censo electoral, que incluya a votantes jóvenes y a los venezolanos en el exterior, y aboga por que se realice una enmienda del marco legal electoral a fin de permitir el despliegue de misiones internacionales.

“El GIC, si fuera requerido, está preparado para asistir en el futuro a un proceso electoral a través de medidas de fomento de la confianza, como el despliegue y apoyo de misiones de observación electoral”, reza el texto

En el ámbito de la ayuda, la entidad ha instado a todas las partes a respetar “la independencia y neutralidad” de la asistencia.