Lleva varias décadas de existencia, desde cuando una veintena de familias trabajaba para el dueño de estas tierras, ya ellos no son parte del grupo laboral, sin embargo el propietario les deja vivir allí porque no tienen terreno propio.

Al ser privado no les permite contar con beneficios o mejoras como por ejemplo servicios básicos, principalmente energía eléctrica en sus casas.

Esto se torna complicado por el tema económico, cuentan con medidores recargables, son siete aparatos y cada uno abastece a tres familias, energía que es llevada por largas extensiones de cable.

Una recarga de 12 dólares dura 12 o 13 días, al menos invierten 37 dólares al mes.    

 

ALUMBRADO. Hace falta también el alumbrado público, existe un par de lámparas al ingreso, pero no en la parte baja donde viven, al ser campo hay animales que pueden atravesarse en el trayecto, temen por los más pequeños.

Santa Zapata cuenta que después del terremoto del 2016 les dijeron que por medio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) serían parte de un proyecto habitacional en Plan Piloto, por lo que realizaron el papeleo y al final, según la mujer, hubo muchas trabas, no pudieron reunir los requisitos y quedaron fuera de esta oportunidad.  

Desde entonces no han podido hacer nada, queda la esperanza que las nuevas autoridades les ayuden y puedan contar con un espacio que legalmente sea de ellos sin el temor de que un día se queden sin casa, están conscientes de que el espacio en el que están no es de ellos.