La actual campaña, al igual que las anteriores, ha tenido sus bemoles. A la natural carrera de propuestas que buscan atraer al electorado por  todos los medios posibles, se suma una guerra de acusaciones sobre supuestos casos que rayan, algunos de ellos, en el plano judicial.

Los ciudadanos tienen, a partir de esta medianoche, 48 horas para decidir. De eso, y en gran medida, depende el futuro que tendrán su provincia, cantón y parroquia en los próximos cuatro años. Son esos representantes, los que se escojan esta vez, quienes deben  conocer las necesidades de la comunidad y buscarles solución.

Por ello, porque se trata de un proceso para escoger a las autoridades más cercanas a los ciudadanos, el escogitamiento debe hacerse con un conocimiento pleno de quiénes son los aspirantes, qué prometen y qué tan factible es que se cumpla lo ofrecido.

Más allá del mercadeo político y de los pronunciamientos en voz alta, es deseable que el voto sea con conciencia, decantándose por las que el pueblo considere como las opciones más idóneas, sin la pasión de la militancia ni la apatía de los incrédulos.

El silencio electoral empieza. El Consejo Nacional Electoral debe vigilar porque se cumplan las normas y, de no ser así, establecer sin contemplaciones las sanciones que prevé la ley. Es obligación hacer respetar el derecho a pensar por quién votar.